Por: Grupo Web del Minag

El Ministerio de la Agricultura de Cuba es el espacio escogido por el Grupo Temporal de Trabajo nacional para la elaboración de la Política de Gestión Integral de la Agricultura Cubana y su instrumentación jurídica; este viernes y como parte del cronograma de actividades que incluye seminarios virtuales con expertos de la FAO, tuvo lugar un intercambio sobre la agricultura por contrato como modelo de negocio para el sector agropecuario y forestal.

El webinar estuvo conducido por el Dr. Pedro Pablo del Pozo Rodríguez, consultor FAO Cuba y la MSc. Mayra Cruz Legón, directora Jurídica del MINAG, quien, en sus palabras de bienvenida, destacó la amplia participación de diversas instituciones nacionales en este proceso de capacitación; así como lo valioso de contar con el apoyo de FAO en el ciclo de videoconferencias sobre temas de interés para la elaboración de la política y su norma jurídica.

“La idea de utilizar este sistema para las capacitaciones, en el que se aborde primero la temática de manera general, y luego una experiencia concreta, para nosotros se ajusta mucho”, aseguró Cruz Legón subrayando la importancia de conocer las leyes internacionales sobre agricultura por contrato, modalidad que Cuba utiliza a partir de diferentes contratos agrarios y que el nuevo Decreto Ley de Gestión Integral de la Agricultura pretende institucionalizar, a partir de su utilización, tanto para actores nacionales, como de la inversión extranjera.

Las presentaciones de los expertos de FAO estuvieron a cargo de la Dra. Carmen Bullón, abogada de la Oficina Jurídica de la FAO con sede en Roma y el economista de FAO Colombia, Marcos Rodríguez Fazzone, los que abordaron aspectos legales de la agricultura por contrato y experiencias concretas en la aplicación de esa estrategia de comercialización, respectivamente.

La agricultura por contrato, de acuerdo con las exposiciones, hace referencia al acuerdo entre agricultores y compradores en el que ambas partes convienen por adelantado las condiciones de producción y comercialización de los productos agrícolas, que suelen incluir el precio a pagar, la cantidad y la calidad exigidas y las fechas de entrega.

El contrato también puede incluir información o condiciones sobre cómo se llevará a cabo la producción o si el comprador proporcionará insumos como semillas y fertilizantes, asistencia financiera, asesoramiento técnico u otros servicios de apoyo.

Sobre el caso específico de Colombia, se explicó que la agricultura por contrato busca allí contribuir a reducir la incertidumbre y riesgos que caracterizan los procesos de comercialización agropecuaria, a través de la venta anticipada de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera, de pequeños y medianos productores rurales, a mercados formales, como la agroindustria, grandes superficies, exportadores, mercados institucionales, comercializadores y mercados finales, buscando generar menor intermediación y una mayor equidad en la distribución de las utilidades generadas a lo largo de la cadena de comercialización agropecuaria.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural colombiano realiza asimismo, junto con sus entidades sectoriales, el seguimiento permanente a la negociación y suscripción de acuerdos comerciales formales entre productores/vendedores e industriales y comercializadores/compradores.

Sobre las características de la agricultura cubana actual, cabe destacar la intervención de Armando Antonio Miralles Calvo, director de Organización, planificación e Información del MINAG, quien explicó que las condiciones en las que se desarrolla la producción agropecuaria en ese país son muy particulares, “La agricultura en Cuba padece de una carencia crónica de insumos productivos (combustibles, fertilizantes, plaguicidas, alimento animal, piezas de repuesto, accesorios, etc.). Por otra parte, tiene un escaso desarrollo tecnológico, con un índice de mecanización inferior al de países en desarrollo, la tecnología que se posee es obsoleta, con muchos años de explotación, todo esto a consecuencia de un bloqueo criminal al que está sometido Cuba durante más de 60 años, recrudecido últimamente con más de 200 medidas de restricción, que limitan nuestras operaciones financieras, comerciales, diplomáticas y de todo tipo”, detalló.

“Esas características, que pudieran incluirse entre las que ustedes han denominado ´de fuerza mayor´ impiden el cumplimiento de los contratos. Por otra parte, la agricultura cubana está estructurada en cooperativas básicamente, y los productores individuales están asociados a un tipo de cooperativa que se denominan ´de Créditos y Servicios´, aunque hay unos 30 mil productores que no están asociados, muchos de ellos muy productivos. En esas condiciones es que se lleva a cabo el contrato”, aclaró Miralles.

“Las producciones agropecuarias tiene un mercado asegurado, tienen lo que es dado en llamarse ´mercado cautivo´ porque es un mercado desabastecido, por las razones antes mencionadas. Hay otra razón de fuerza mayor en Cuba que es el Clima, con incidencia de frecuentes huracanes, sequías prolongadas, intensas lluvias, tornados y otros tipos de fenómenos meteorológicos”, mencionó.

“Por estas razones se incumplen frecuentemente los contratos y otras, que se deben reconocer que son de carácter subjetivo, que son la insuficiente atención y la insuficiente confianza en ese contrato, porque, por otro lado, la mayor parte de la producción está destinada a satisfacer las necesidades de carácter social, a la industria, la exportación, etc., y el contratista principal es el Estado, es decir, las empresas estatales, que no están en condiciones de garantizar los insumos que demandan esas producciones”.

“Entonces, sin denominarlo agricultura por contrato, que para nosotros es un término nuevo, si hablamos de contrato en la agricultura, que en la práctica es lo mismo.  Nosotros no tenemos una ley específica para eso, pero el contrato en sí entraña un compromiso de carácter legal. Si está en proceso de aprobación la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional, un instrumento muy valioso, muy robusto, en el cual de alguna manera está contemplado este aspecto del contrato en la agricultura”, dijo en su intervención.

De manera general, se pudo entender que no hay una necesidad universal de una legislación específica sobre la agricultura por contrato y no hay un enfoque regulador de la misma que pueda recomendarse como el mejor para todos los países.

Los países deben buscar su mejor opción reguladora teniendo en cuenta su marco jurídico, los intereses de las partes interesadas, el sistema y las prioridades políticas.

Al respecto, João Intini, Oficial de Políticas de Sistemas Alimentarios de FAO, expresó que “Ustedes en Cuba encontrarán los caminos para utilizar toda esta información, así como la forma en que esto conecte con la agricultura, la ganadería, los bosques, de una manera que permita acuerdos, contratos y diferentes formas de relación con actores diversos como empresas y cooperativas.

Asimismo, enfatizó la relevancia de poder contribuir desde la organización con estos intercambios, que pretenden contribuir al desarrollo económico y social de Cuba, con el propósito de garantizar un desarrollo equitativo sostenible e incluyente.

El encuentro, que se desarrolla con la asistencia técnica del Proyecto “Fortalecimiento de políticas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba” (POSAS), del Programa País SAS Cuba, financiado por la Unión Europea e implementado por FAO, contó con la participación de directivos y especialistas del Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior, el Grupo Agroforestal, el Grupo Empresarial Tabacuba, AZCUBA, la Empresa Cítricos Caribe, la Unión Agropecuaria Militar, el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical, el Instituto de Investigaciones Hortícolas “Liliana Dimitrova” y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y, de manera virtual, juristas y especialistas de las provincias Villa Clara y Sancti Spíritus.

Ponentes:

Dra. Carmen Bullón: abogada como profesión y especialista en comercio internacional de productos agrícolas y legislación agroalimentaria. Trabaja en el Servicio del Derecho para el Desarrollo de la Oficina Jurídica de FAO desde hace 16 años y con anterioridad trabajó en pública administración. Experiencia profesional en la conducción de diferentes proyectos que incluían a Cuba como país destinatario, así como otros países de la región.

Dr. Marcos Rodriguez Fazzone: Economista con Maestría en Desarrollo Loca/Rural y Diploma de Posgrado en Transformación Digital.

Desde el 2005 al 2015 ha trabajado como asesor internacional de la FAO para América Latina y el Caribe en políticas de desarrollo rural, mercados y agricultura familiar. Entre los años 2013 – 2015 también se desempeñó como docente de posgrado en el tema de Agronegocios en la Universidad de Belgrano y la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Desde el año 2016 se desempeña como Especialista Senior del área de Sistema Alimentarios y mercados inclusivos y es coordinador del programa Mesoamérica Sin Hambre en la Oficina de FAO en Colombia.



Tu valoración

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (5 votos, promedio: 4,20 de 5)

Publicado:17/11/2021

¿Qué Opina Usted?

Por si acaso, su email no se mostrará